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Desnacionalización en República Dominicana

Aquiles Castro, expone en Lehman College, NYC,  "Desnacionalizados dominicanos“
Victoria Sanford, Departamento de Antropología de Lehman Collee, NYC.

 

Desnacionalización en República Dominicana[1]

 

Por Aquiles Castro[2]

Me permito saludar esta conferencia y agradecer la oportunidad de compartir opiniones y experiencias sobre “Inmigrantes, refugiados en riesgo  y negación de derechos ciudadanos”, tema sobre el cual urge su abordaje desde la perspectiva académica para contribuir a esclarecer las causas últimas de un drama que afecta a millones de personas en el mundo y desde este ámbito académico potenciar la mayor solidaridad con tan digna causa.

En esta ponencia se presenta el caso de la negación del derecho a la nacionalidad dominicana a los descendientes de los trabajadores inmigrantes haitianos residentes en República Dominicana. Decenas de miles de estos compatriotas que estaban en posesión de su documentación que le acreditaba su ciudadanía dominicana, fueron despojados de sus documentos y son mantenidos en una situación jurídica indefinida.

Está en curso un proceso de desnacionalización de un segmento de la población dominicana víctima del prejuicio racial, el cual se produce en un país de población negra y mulata, donde sin embargo ha habido en el pasado y está presente todavía una ideología racista que promueve o legitima el prejuicio racial anti negro y anti haitiano en el discurso oficial y su política de inmigración.

I Algunos antecedentes lejanos que ayudan a explicar lo que sucede

1.1 Algunos factores de orden histórico ayudan a comprender los orígenes y el significado de toda esta situación. En ese sentido es oportuno reflexionar acerca de ¿Cuál fue la idea de nación concebida por la elite intelectual y política en los siglos XIX y XX? Se descartó a los campesinos (mayoría del pueblo) para aportar en la definición y construcción de la nación en razón de su supuesta condición de “bárbaro” e “incivilizado”. Negros y mestizos estaban afectados por supuestas taras de tipo biológico que le incapacitaba para llevar la nación “al progreso” y la modernidad. Esto hacía imperiosa la inmigración caucásica, especialmente europea, que tendría la misión de  regenerar la población nativa mediante procesos civilizatorios. Ese era el pensamiento predominante mientras se colocaban los hitos fundacionales de la nación en muchos de nuestros países en América Latina y tuvo su expresión en Santo Domingo.

1.2 Otros elementos históricos están relacionados con las vicisitudes en la construcción y afirmación del Estado en ambos lados de la isla

Durante las primeras décadas del siglo XIX, el surgimiento del estado nacional de Haití en un contexto internacional de predominio de la esclavitud cuando todavía el poder colonial estaba entronizado en la parte Este de la isla (Santo Domingo) dejaba abierto el camino para la hostilidad del naciente proyecto de Estado-nación contra la parte Este, por entender que desde aquí el poder colonial y la vigencia de la esclavitud, constituían una amenaza hacia la naciente República impulsada principalmente por esclavos recién liberados. Recordemos que el territorio de Santo Domingo español entre 1802 y 1809 estaba ocupado por Francia, desalojada de la parte occidental por los esclavos insurrectos.

Las incursiones militares haitianas en el Santo Domingo español de principios del siglo XIX dejaron huellas que marcaron profundamente a la población que luego vendría a reclamarse ‘dominicana’ y de manera especial marcó a la elite dominante. Luego esa herencia fue reforzada por la dominación haitiana de la parte oriental entre 1822-1844 y por las invasiones seguidas tras la independencia y proclamación de la República Dominicana,  dando lugar a una situación de guerra entre las dos naciones que se prolongó hasta 1856.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que esos hechos fueron manipulados por una historiografía tradicional interesada que hasta hace poco monopolizó el discurso académico y la educación de las nuevas generaciones.

La constitución del estado y la consolidación de la nación e independencia nacional dominicana, pasó por una lucha contra el estado de Haití durante la primera parte del siglo XIX, lo cual  devino en catalizador de una ideología anti-haitiana construida muy temprano por las elites dominicanas.

Ese anti-haitianismo, heredado del proceso histórico en la isla durante el siglo XIX, no desapareció con la colaboración efectuada entre haitianos y dominicanos patriotas durante la lucha contra la anexión a España y por la Restauración de la República en 1861-1865.

1.3  El modelo económico agro-exportador impuesto por las potencias imperialistas en la región del Caribe, a principios del siglo XX y la ocupación militar norteamericana en Santo Domingo (1916-1924) y en Haití (1915-1934), en el marco del desarrollo de la industria azucarera moderna en el país, promovió la inmigración masiva de mano de obra haitiana que, para abaratar costos, sustituyó la inmigración que, desde fines del siglo XIX, llegaba desde las islas del Caribe incluido Puerto Rico.

Esa arista en la génesis del problema es esencial para ubicar correctamente el tema de la inmigración haitiana a República Dominicana en general y particularmente la cuestión específica de los derechos de los hijos de los trabajadores inmigrantes haitianos nacidos en territorio dominicano.

El poder imperialista, el Estado dominicano y las clases dominantes criollas organizaron de común acuerdo y estimularon el flujo migratorio de trabajadores haitianos hacia territorio dominicano, como en su momento lo hicieron importando mano de obra desde Puerto Rico y otras islas del Caribe. Igual como lo hizo la clase dominante haitiana y el mismo imperialismo norteamericano, cuando ese flujo procedente de Haití lo empujaron hacia Cuba.

1.4 La dictadura de Trujillo y la consolidación de una ideología de estado racista y anti haitiana cuyo legado permea la sociedad dominicana actual a todos los niveles.

El anti-haitianismo fue consolidado como ideología de Estado durante la dictadura de Trujillo (1930-1961) y en este punto se debe observar, tal y como afirma Roberto Cassá que, “si bien en el siglo pasado (XIX) el anti-haitianismo tuvo un fundamento esencialmente político, ahora lo racial será dominante” (Vetas, No. 23, Santo Domingo, septiembre, 1996). Eso es lo que impera en el país todavía hoy como herencia de la ideología trujillista y su recreación con el neo-trujillismo.

La vigencia del aparato escolar trujillista hasta inicios de la década de 1980 coadyuvó a mantener en el imaginario nacional como componentes importantes el racismo y el prejuicio racial anti negro y anti haitiano.

1.5 Sobre esa problemática el discurso esclarecedor desde la Academia nos llegó tarde: Es a partir de 1971 que inició en el país una reflexión crítica sistemática desde las ciencias sociales acerca de la presencia en la sociedad dominicana de ideas y prácticas racistas, expresadas principalmente en el prejuicio racial anti-haitiano y el mito de que la población dominicana no es negra, ni mulata, sino color “indio”.

 

Ha sido de una importancia extraordinaria el proceso de desmitificación inaugurado desde las ciencias sociales por una intelectualidad crítica formada especialmente durante las luchas contra la dictadura. Sin embargo, todavía hoy el discurso oficial continúa negando que en el país existan esos valores como parte de la ideología de los sectores dominantes.

En ese marco histórico se debe evaluar la cuestión de las condiciones de la inmigración haitiana a la República Dominicana y las políticas de Estado en relación con la misma en tiempos recientes.

1.6 Durante todo el siglo XX hasta inicios de los años 90 cuando fue desmantelada la industria azucarera estatal, el Estado fue el principal promotor de la inmigración haitiana para trabajar en la industria azucarera que entonces tenía al Estado como principal propietario, al tiempo que también autorizaba el flujo de esa mano de obra para las empresas azucareras privadas.

En los años 80 y 90 el destino del flujo se diversificó hacia otros sectores de la economía nacional: primero agricultura (café y arroz) luego al sector de la construcción.

Esos cambios están relacionados con la reorientación del modelo de dominación: globalización neoliberal y privatización, auge de los sectores de zonas francas, turismo y telecomunicaciones al tiempo que se desmanteló el aparato productivo nacional. Todo ello junto a otros factores de orden social, político y cultural, impulsó la inmigración sostenida de la población desde las zonas rurales hacia las grandes concentraciones urbanas y simultáneamente aceleró la emigración internacional. La necesidad de mano de obra en el sector agrícola, fue suplida por los trabajadores inmigrantes.

El principal factor político interno que incide en esa situación se expresa en la política salarial impuesta por el Estado en favor del gran empresariado,    que no hace inversión en tecnología y requiere mantener salarios deprimidos para aumentar por esa vía su rentabilidad a los fines de poder competir en los mercados.

El discurso ideológico racista estructurado alrededor de la problemática migratoria haitiana, deviene un factor que contribuye a perpetuar la condición de indocumentados de los trabajadores inmigrantes y sus descendientes. Ese factor actúa en consecuencia como una garantía del requisito fundamental para la sobreexplotación de esa fuerza laboral: su condición jurídica indefinida. Eso es muy claro si se reconoce que, un inmigrante con estatus jurídico definido estaría en la posibilidad, así sea mínima, de negociar su condición de asalariado, por tanto la clase dominante y el Estado desean que esa mano de obra inmigrante permanezca en el país, pero sin derechos para poder sobre explotarles.

Ese es el marco histórico y estructural, que explica la inmigración de trabajadores haitianos desde su país hacia la República Dominicana y en ese contexto amplio se debe analizar la política de inmigración oficial respecto de esa población en la coyuntura actual.

 

II Violación de un derecho fundamental: el derecho a un nombre y ciudadanía

2.1 El despojo arbitrario de la nacionalidad y la colocar en situación de apatridia a miles de dominicanos, es resultado directo de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, un órgano de reciente creación que consolidó el control del sistema político en el sector más conservador y antinacional.

Pero la sentencia estuvo precedida de la resolución 12-2007 adoptada por la Junta Central Electoral que despojó de sus actas de nacimiento a miles de ciudadanos dominicanos que estaban en posesión regular de sus documentos.

El caso de la sentencia: El caso de Juliana Deguis (nativa de la provincia de Monte Plata) es un símbolo de esta lucha. Durante varios años combatió para obtener una copia legalizada de su partida de nacimiento. Acudió al Tribunal Constitucional cuya sentencia no se limitó a este caso, vinculó a todos los dominicanos en similar condición con una  aplicación retroactiva 84 años hacia atrás de los nuevos criterios para adquirir la nacionalidad según la reforma Constitucional del 2010.

La sentencia 168-13 en esencia pretendió legalizar esas acciones administrativas de la JCE. Criterios como la ubicación geográfica, el color de la piel y apellidos cuya sonoridad evidenciaran origen extranjero fueron utilizados por esta instancia para estampar el sello “suspendido temporalmente” en actas de nacimiento de dominicanos y dominicanas.

La sentencia viola el principio universal de irretroactividad de las leyes y las decisiones judiciales, viola la Constitución actual y las anteriores, y viola Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, contrario a la función esencial acordada al Tribunal Constitucional.

2.2 Para prolongar indefinidamente en el tiempo el limbo jurídico de los trabajadores inmigrantes haitianos y sus  descendientes se invocan razones de orden jurídico, primero con la antigua y ahora con la nueva Constitución Dominicana: se argumenta que esa población se encuentra supuestamente en tránsito en la República Dominicana.

Se ignora que se trata de inmigrantes con 30, 40 y más años residiendo ininterrumpidamente en el país o descendientes suyos nacidos en territorio dominicano, muchas veces con padre o madre dominicano (no descendiente de inmigrantes).

Se alega también que la Constitución haitiana reconoce ciudadano de ese país a todo hijo de haitiano nacido en el extranjero. Intentar desconocer el derecho de gente que nació aquí, invocando para ello la aplicación en territorio dominicano de la Constitución de otro país, toca el ridículo, porque los mismos voceros de esas posiciones saben que a la luz del derecho internacional allí donde existe un conflicto de nacionalidad sólo el Estado cuya nacionalidad se cuestiona tiene competencia para decidir al respecto.

Para acordar el estatus correspondiente a los hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano solo es necesario aplicar las leyes dominicanas y especialmente la Constitución de la República vigente al momento del ingreso de esos extranjeros al país.

La Constitución dominicana acuerda que son dominicanos: “Todas las personas que nacieren en territorio de la República Dominicana con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que estén de tránsito en él”.

Esa excepción referida a la condición de “tránsito”, es el ardid invocado para desconocer los derechos a los descendientes de haitianos nacidos en el país. Pero resulta que la figura del “tránsito” acordada en esa Constitución de la República no admite subterfugio, porque la misma está definida taxativamente por la ley en el marco del Reglamento de Migración No. 279 del 12 de mayo de 1939; que define como transeúntes a “los extranjeros que traten de entrar a la República con el propósito principal de proseguir al través del país con destino al exterior, se les concederán privilegios de transeúntes”.

Resulta obvio que esa ni remotamente es la situación de los trabajadores inmigrantes y sus descendientes nacidos en República Dominicana.

Para esa población debe ser considerado su estatus legal a la luz de la Constitución de la República vigente al momento de su nacimiento, pues pretender aplicar con carácter retroactivo la nueva Constitución en esos casos, invalida de pleno derecho esa intención.

2.3 Pero además el marco de la nueva Constitución actual también respalda los derechos de los descendientes de inmigrantes en la medida que hasta la entrada en vigencia de la misma, decenas de miles de ellos eran reconocidos como dominicanos por el Estado dominicano que así les había documentado. El Art. 18, numeral 2 de la Constitución del 2010 reza: “son dominicanos y dominicanas quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

Por todas esas razones la sentencia 168-13 movilizó un amplio segmento de la sociedad dominicana en rechazo de la misma y en solidaridad con los compatriotas víctimas de esa política discriminatoria.

Los propios afectados se organizaron en el Movimiento “Reconocidos” y “Dominicanos por Derecho” y con el respaldo de organizaciones sociales, políticas y cívicas continúan luchando por el reconocimiento pleno de sus derechos.

III El balance a dos años de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que desnacionalizó a cuatro generaciones de dominicanos y dominicanas[3]

 

3.1 A pesar de que el gobierno  promueve la ley 169-14 como una solución definitiva,  miles de dominicanos y dominicanas  no tienen acceso al registro civil que les corresponde.

 

Miles de dominicanos y dominicanas nacidos antes de 2010 e incluso antes de 2007, no contaban con registro de nacimiento, como sucede con muchísimos compatriotas durante décadas. Para estos, además de que la sentencia desnacionalizadora de 168-13 los deja sin identidad, la Ley 169-14 les ofreció ser parte del llamado Grupo “B”, para quienes la respuesta fue inscribirse como extranjeros en su propio país y esperar un plazo de dos años para ver si es posible “naturalizarse” dominicanos.

Recibieron un carnet de residencia  que les declara extranjeros, atribuyéndoles ilegalmente la nacionalidad de sus padres.

Según cifras oficiales de más de 40 mil posibles afectados en este “grupo”, solo se inscribió algo más de 8, 000, por tanto más de 30 mil dominicanos y dominicanas por derecho nunca tendrán posibilidad alguna ni siquiera de estar registrados. La sentencia 168-13 y las condiciones impuestas con la ley 169-14 los condenan para siempre a la privación de la nacionalidad y todo lo que deriva de esa situación.

3.2 La Junta Central Electoral creó un “libro de transcripciones” en 2014, que no tiene fundamento legal, emite una segunda acta de nacimiento a los afectados de la Sentencia del TC, una especie de “declaración tardía” realizada en los años 2014 y 2015. En realidad  declaran la persona de nuevo, para aplicarles retroactivamente la Constitución del 2010.  Esas actas de nacimiento tienen un número y folio diferente al acta de nacimiento original de los afectados, y por tanto están en riesgo de sufrir un trato discriminatorio.

 

3.3 La JCE continúa haciendo demandas en nulidad de las actas de nacimiento originales de los afectados, alegando la duplicidad de registro civil que esa misma institución creó. Considerando las condiciones de pobreza de las personas que son víctima de esos procesos y los costos de los procedimientos de la justicia dominicana, se puede adivinar la indefensión de las víctimas y su condena en esos procesos.

 

3.4 Recientemente se realizó la renovación de la cédula de identidad y electoral: Los dominicanos de ascendencia haitiana (debidamente  documentados) confrontaron dificultades para su renovación. A muchos de ellos les fue suspendida su cédula y por esa razón los que estaban trabajando perdieron sus empleos.

 

3.5 Se ponen de manifiesto formas de discriminación racial contra los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana:

 

A madres y padres dominicanos de ascendencia haitiana con cédula de identidad y electoral, en los hospitales no les emiten el certificado de nacimiento de sus hijos que corresponde a los dominicanos, sino que le entregan el formato (color blanco) que toca a extranjeros (haitianos).

 

Discriminan por color de piel y apariencia “haitiano”. A niñas y niños recién nacidos se les atribuye la nacionalidad haitiana por el origen de sus abuelos aunque sus padres sean dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana con documentos que los acreditan como tales.

 

3.6 El 21 de septiembre de 2014, la JCE publicó en el “Diario El Demócrata” una lista de 13 mil afectados con cédulas de identidad y electoral o que han solicitado cédula, por zonas geográficas, convocando a los afectados para que asistan a una inspección-entrevista, sin dar mayor detalle. Al terminar el plazo de las entrevistas varias personas se encontraron con sus cédulas canceladas, cuando anteriormente estaban vigentes. Algunos entrevistados denunciaron que oficiales de la JCE les recriminaban por exigir su derecho a la nacionalidad y les pedían acogerse al llamado Plan Nacional de regularización de Extranjeros.

 

3.7 Se ha verificado varios casos de dominicanos y dominicanas detenidos para ser sujetos a los procedimientos de deportación, basándose en su apariencia física, su nombre y su apellido.

Deportaciones de apátridas y dominicanos por perfil fenotípico racial de “parecer haitiano” durante el año 2015:

 

• 27 de Enero: 53 personas, incluido 30 niños, fueron deportados con sus padres, dos monjas y un defensor de Derechos Humanos de la Red Jesuita con Migrantes. Este grupo se dirigía a la Gobernación de San Juan de la Maguana para aplicar al plan de naturalización y regularización, fueron deportados por Elías Piña.

 

• 31 de Enero: 32 niños de Jimaní que se dirigían a la Gobernación de Barahona a aplicar a la Naturalización fueron detenidos y llevados por agentes de Migración al destacamento de Jimaní para ser deportados a Haití; entre las personas se encontraba el Secretario General de Reconoci.do, Jairo Polo.

 

• Enero 2015: Se produjeron deportaciones e intento de deportaciones en el Noroeste y Suroeste del país (Santiago, Monte Cristi, Barahona, Elías Piña Bahoruco, Jimaní), precisamente en momentos que los integrantes del grupo B (no declarados) acudían a las oficinas para aplicar al Plan de Naturalización.

 

IV Las consecuencias del incumplimiento de la ley 169-14 por parte de la JCE

La JCE viola la ley 169-14 cuando no entrega los documentos, imponiendo procedimientos no previstos en la ley con los cuales posterga indefinidamente la entrega de documentos a los afectados.

4.1 Existe un riesgo inminente de apatridia y expulsión para una parte importante de la población de dominicanos/as de ascendencia haitiana: el llamado “grupo A” conformado por hijos e hijas de personas no residentes que nunca fueron inscritos en el registro civil, es el colectivo de mayor vulnerabilidad. Se trata en su mayoría de personas que han pasado toda su vida en territorio dominicano.

 

Estas personas corren el riesgo de ser expulsadas después de haber finalizado el Plan de Regularización el 17 de Junio pasado. Corren el mismo riesgo, tanto aquellas personas cuyas solicitudes sean rechazadas por algunos de los motivos y obstáculos del proceso, como aquellos que por las trabas de los hospitales, objeciones o dificultades de legalización de sus actos de notaría, o por los límites del plazo dado para el proceso de naturalización no pudieron registrarse.

 

4.2 Del llamado “grupo B” de la ley, menos del 20% de esta población tuvo la oportunidad de acogerse al proceso de naturalización previsto en la misma ley debido a múltiples trabas: desde la falta de información, la negación de registro hospitalario, la obstaculización de los actos de notaría, y la obligatoriedad de presentar los documentos de la madre o los altos costos del transporte y las legalizaciones.

 

De todas maneras seguirán siendo personas en alto riesgo de apatridia o en situación de apátridas hasta que opten por la nacionalidad dominicana en dos años, especialmente los que logren pasar a la segunda fase y obtener un carnet migratorio, con una nacionalidad desconocida.

 

V Secuelas de la situación creada con el proceso de desnacionalización en curso

5.1 Se han producido diversos actos de violencia y de tensión al calor de una campaña xenófoba protagonizada por sectores conservadores ultra nacionalistas:

En febrero 11 del 2015 apareció un joven haitiano colgando de un árbol, ahorcado en un parque público en la provincia de Santiago, al norte del país, y hasta el momento las autoridades no han aclarado el caso.

En abril, 2015: se produjeron actos de xenofobia y discriminación por dominicanos contra haitianos en Moca, incluyendo saqueo a sus casas, destrucción de pertenencias, agresión física y verbal, a causa de alegado asesinato de un dominicano a manos de un haitiano. Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron los hechos como un contexto de actos de violencia discriminación racial y xenofobia contra migrantes y sus descendientes en el país.

 

5.2 Dominicanos condenados a una muerte civil:

Sin acceso a sus documentos, ellos y ellas no pueden optar por un empleo formal, cambiar cheques, abrir una cuenta de bancos, casarse, ir a la universidad, viajar al exterior.

Aquellos cuyos sus documentos siguen bloqueados en un proceso sin fin; y los que habiéndose inscrito no aparecen en la famosa lista de los 55,000 que el gobierno dijo haber documentado;

También están condenados a la muerte civil, los que aun apareciendo en dicha lista no reciben sus documentos porque “no están en el sistema”.

5.3 Varios casos de dominicanos y dominicanas que, con sus papeles en regla o que demuestran con documentos estar inscritos en el régimen de la citada Ley 169-14, han sido detenidos para ser sujetos a los procedimientos de deportación, basándose en su apariencia física, su nombre y su apellido.

5.4 Las instituciones civiles que vienen luchando contra toda esa injusticia han declarado el día 23 de septiembre como el “Día Nacional de la Lucha contra la Apatridia y la Desnacionalización”.

…/

 

[1] Conferencia “Refugiados en riesgo y negación de derechos ciudadanos”, organizada por Centro para los Derechos Humanos y Estudios de Paz y el Departamento de Antropología, Lehman College, Universidad NY. 4 nov. 2015.

[2] Antropólogo. Docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

[3] Los datos proceden de la prensa nacional y de los documentos “Balance Ley 169-14”, publicado por el Centro Bonó en 2015; “Ninguna sentencia puede aplastar una vida…” del Movimiento Reconocido, 2015.

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